Tras una larga discusión sobre los pilares del proyecto de ley que busca financiar el aumento al subsidio eléctrico, el Gobierno tiene hoy una oportunidad única para hacerse cargo y llegar con el beneficio al 100% de los hogares que se lo adjudicaron, respetando los principios rectores que hasta hoy han hecho de Chile un ejemplo en materia de transición energética en el mundo.

Desde la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento, ACERA A.G., reiteramos la propuesta que el beneficio total del subsidio eléctrico, se cubra de manera íntegra con los ingresos provenientes de la mayor recaudación del IVA producto de las alzas, junto con los recursos ya contemplados en la ley original de subsidio eléctrico (Ley 21.667).

Esta fórmula podría dejar atrás meses de incertidumbre por los que ha pasado la industria de la generación eléctrica, que ha visto como el contenido de este proyecto ha ido cambiando de manera constante.

Lo más importante es que los números y estudios respaldan esta propuesta: con la estimación de la recaudación del IVA que el Ejecutivo presentó en el proyecto de ley, más los 120 millones de dólares anuales aprobados en la ley 21.667, se dispone de 190 millones para cubrir 1.920.000 familias que ya están inscritas en el subsidio eléctrico, pero además se podría cubrir el costo de otorgar un subsidio eléctrico para las PyMEs, valorizado en 15 millones anuales. Es más, si el número de postulaciones creciera, aún quedaría holgura para financiar hasta 2,5 millones de hogares y la bolsa PyME. ACERA encargó a la consultora Vinken, asociada al Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, un estudio* que revela además, que en vez de 70 millones de dólares anuales por IVA que estima el Ejecutivo, se recaudarían hasta 133 millones, por lo que el primer escenario para la cobertura del subsidio es totalmente conservador.

De acuerdo a un análisis actualizado, de autoría del mismo consultor,  se hace notar que la recaudación del IVA alcanza también para entregar un beneficio directo a las Pymes, de una forma mucho más efectiva y simple que la llamada “Bolsa Pyme” que considera el actual proyecto de ley. Esta última medida, incluida en el actual proyecto de ley, alteraría los contratos adjudicados en licitaciones de energía de los generadores eléctricos que abastecen a las distribuidoras, lo que se contrapone con la estabilidad regulatoria y certeza jurídica del sector eléctrico construida por décadas en nuestro país.

Financiar cualquier otra política pública con recursos de los privados y no del Fisco, incrementa el riesgo país, lo que se traduciría en el mediano y largo plazo, en precios de energía más altos para la población nacional y la industria.

ACERA reitera en que cubrir el subsidio que se requiere con fondos fiscales es lo correcto y que, a través de la fórmula de la mayor recaudación de IVA, se cumplen los objetivos de política pública para financiar las postulaciones recibidas, a la vez que mantiene señales correctas y sanas para el desarrollo económico del sector eléctrico chileno.

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(*) Estudio: “Análisis de impacto económico y regulatorio de las medidas anunciadas por el Ejecutivo ante alza de tarifas eléctricas”.
Consultor a cargo de desarrollar el estudio: Vinken-Dictuc, consultora asociada a la Universidad Católica de Chile.
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