[vc_row][vc_column][tm_heading style=”thick-separator” tag=”h5″ custom_google_font=”” google_fonts=”font_family:Poppins%3A300%2Cregular%2C500%2C600%2C700|font_style:300%20light%20regular%3A300%3Anormal” text=”¿Quién paga la cuenta? El desencuentro de Jobet con las ERNC por regulaciones eléctricas” font_size=”lg:32″][vc_column_text]
Ayer por la tarde un grupo de siete firmas integrantes de ACERA, enviaron una carta confidencial al gobierno acusando el negativo impacto que tendrán en el sector los anuncios regulatorios post estallido social y Covid-19. “Se han presentado iniciativas basadas en la premura y la contingencia, con nula o poca participación o consulta con actores de las ERNC”, acusan.
“Las compañías que suscriben la presente carta desean expresar su preocupación con relación a las señales regulatorias que se han observado en Chile en los últimos meses, pues algunas de estas señales afectan negativamente el desarrollo de la energía renovable no convencional (ERNC) en nuestro país”.
Así parte la carta que ayer en la tarde siete empresas de energía renovables no convencionales le hicieron llegar al ministro de Energía, Juan Carlos Jobet; al titular de Hacienda, Ignacio Briones y al ministro de Economía Lucas Palacios.
La misiva de seis páginas -rotulada como “confidencial”- aparece firmada por José Luis Muñoz de AELA Generación; Alfredo Solar de Atlas de Renewable Energy; Tomás Schröter de Wpd Chile; Gabriel Ortiz de First Solar; Jaime Solaun de Solarpack Chile y José Ignacio Escobar de Acciona Energía Chile.
En la carta a los ministros, las firmas hacen un repaso de las regulaciones anunciadas por el Ejecutivo en el marco del estallido social y ahora del Covid-19, que impiden el corte de los servicios por no pago y se orientan a aliviar la carga del pago de electricidad durante el Estado de Excepción a las familias y personas más vulnerables y quienes pierdan sus trabajos.
“Se han presentado iniciativas basadas en la premura y la contingencia, con nula o poca participación o consulta con actores de las ERNC como nuestras compañías, sin un análisis profundo de los impactos a mediano y largo plazo que éstas pueden acarrear”, plantean.
Añaden que ven con “preocupación los profundos efectos financieros negativos que la Ley N°21.185 (que crea un mecanismo transitorio de estabilización de precios de la energía eléctrica, en adelante “Ley PEC”) ha tenido en los contratos de suministro de energía y potencia adjudicados en procesos de licitaciones públicas para abastecer a clientes regulados (“PPA”) celebrados por las compañías adjudicatarias que suscriben la presente. Es injusto, por decir los menos, que precisamente las compañías que, de buena fe, han sido pioneras en la rebaja de los precios de energía, en la introducción de competencia en el mercado eléctrico y en el uso de tecnología limpia, sean objeto y resulten castigadas financieramente a diferencia de otros actores el mercado”.
En su mensaje al gobierno las siete firmas advierten un desincentivo a la inversión por las incertezas jurídicas y un posible efecto rebote en las tarifas. “El daño a la reputación de Chile dentro de los inversionistas extranjeros causará posiblemente una fuerte disminución en el número de próximas ofertas de licitación energética regulada para empresas de distribución, lo que derivará nuevamente en una concentración del mercado y en aumentos en los precios de la energía (o disminuciones menores a las posibles) que afectarán directamente a los hogares residenciales y Pymes, entre otros consumidores”, aseguran.
“Somos conscientes de que existen varias externalidades que afectan el comportamiento de las decisiones con respecto a las políticas públicas tomadas para proteger a las familias más vulnerables, pero creemos firmemente que no se han considerado los efectos para los desarrolladores e inversionistas de proyectos de generación ERNC en Chile, pues está en peligro la supervivencia de las empresas suscribientes y los puestos de trabajo generados por ellas”, dicen en sus conclusiones.
El mensaje se suma a la declaración que hace unos días dio a conocer el directorio de ACERA, gremio que reúne a las empresas de generación renovable, que advirtió efectos en la cadena de pagos de las empresas distribuidoras de energía tras los anuncios del gobierno por el Covid-19.
Factor Jobet
Quienes conocen la trastienda del mensaje de las empresas al gobierno aseguran que es la consecuencia de la distancia que el sector de las ERNC tiene con el Ejecutivo, en particular con el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, que -en su versión- ha privilegiado el contacto con las grandes firmas.
Los firmantes tienen pocos años en la industria. Llegaron por proceso de licitación y estiman que han contribuido a la rebaja de un 40% en el precio de la energía, pero no han sido considerados un actor en los procesos regulatorios que se han anunciado post estallido. Y hoy, ante los nuevos anuncios, se consideran más expuestos.
En el ministerio del Energía, en tanto, lamentaron que se rompiera el carácter confidencial de la carta y sostienen que no es efectivo que las puertas del ministerio estén cerradas para ningún sector de la industria. Frente al contenido de la misiva, desde el ministerio de Energía señalaron: “Entendemos la preocupación planteada, pero la labor del gobierno es pensar en Chile como conjunto y mantener las señales de largo plazo”.
Fuente: La Tercera[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][tm_spacer size=”lg:30″][/vc_column][/vc_row]
