- El pasado viernes, distintos representantes gremiales sostuvieron una reunión largamente esperada con la ministra de Interior, Carolina Tohá, en la que también participó el titular de Energía, Diego Pardow. Si bien estaban solicitando desde junio dicha cita, los dirigentes valoraron el espacio de trabajo con la autoridad para planificar medidas en conjunto, con foco en ataques incendiarios en Macrozona Sur.
Desde entonces, diversos gremios venían expresando su preocupación en torno a la seguridad de distintas instalaciones eléctricas. Acera, liderado por su directora ejecutiva, Ana Lía Rojas, fue uno de los primeros en hacer públicas sus aprensiones ante las debilidades a la hora de proteger las actividades de la industria.
“Evidentemente necesitamos más recursos y más capacidades policiales para poder ir monitoreando y adelantar este tipo de incidente”, planteaba Rojas en junio, tras un ataque incendiario que afectó al Parque Eólico Camán, de Mainstream Renewable Power, en la comuna de Paillaco.
En paralelo, otras instancias gremiales fueron solicitando conversaciones con la encargada de la seguridad dentro del Ejecutivo. Ello se intensificó en las siguientes semanas, ante distintos episodios de robos de cables. Entremedio, además, la Fiscalía del Biobío responsabilizó a Saesa por algunos de los incendios que afectaron a la zona en febrero, acusando poca mantención de la faja de distancia entre los bosques y el tendido eléctrico.
Sin embargo, y pese a algunas conversaciones que han sostenido sobre el tema con el ministro de Energía, Diego Pardow -quien también participó de la reunión con Tohá-, los gremios esperaron varios meses para reunirse con la encargada de seguridad. Conocedores de las gestiones explican que las distintas solicitudes fueron agrupadas, para abordar los desafíos en forma conjunta a lo largo de toda la cadena, pasando por generación, transmisión y distribución. Algunos de los temas identificados para abordar pasan por robos y hurtos de cables, equipos y maquinarias, el manejo de tomas, establecer protocolos ante ataques incendiarios, especialmente zona macro sur, así como también para el transporte de carga sobredimensionada que afecta tendidos y postes en zonas urbanas y rurales.
La fórmula que tomó más peso tras la sesión de trabajo pasa por conformar una mesa sectorial, durante noviembre, especialmente enfocada en los desafíos de seguridad, para aunar criterios y definir objetivos claros y verificables en el tiempo.
Sobre la reunión, el director ejecutivo de Transmisoras de Chile, Javier Tapia, aseguró que valoran la instancia “que significa un primer paso para abordar la seguridad de las instalaciones eléctricas, como las líneas de transmisión, que son críticas tanto para asegurar la calidad de servicio del suministro eléctrico, como para cumplir con las desafiantes metas de carbono neutralidad que nos hemos propuesto como país”.
En ese contexto, planteó que la coordinación público-privada “es clave para que el plan de trabajo que se elabore pueda ser efectivo en el mediano y largo plazo”.
Desde Empresas Eléctricas valoraron la reunión con la ministra Toha “porque permitió visibilizar la importancia de fortalecer la seguridad de la infraestructura energética”.
“Desde la industria de la distribución eléctrica creemos que es clave el trabajo público-privado para enfrentar de mejor manera fenómenos como el daño a las redes por parte de terceros y el robo de cables eléctricos, los que perjudican directamente a la ciudadanía, afectando su continuidad de suministro, seguridad y calidad de vida”, remarcaron.
Ana Lía Rojas, directora ejecutiva de Acera, detalló que la instancia sirvió para manifestar la disposición a trabajar una agenda de seguridad para instalaciones del sistema eléctrico nacional, desde dos dimensiones de la seguridad: la seguridad en las instalaciones y labores de inteligencia.
“Entendemos que es importante conocer los aspectos de la agenda de trabajo del gobierno en este plano y nos disponemos a colaborar con el gobierno en esta materia tan importante para Chile, planteó, y agregó respecto a ataques incendiarios que dicho tipo de eventos “demandan un trabajo de inteligencia y coordinación predictiva entre organismos especializados del Estado y los agentes relevantes del sistema eléctrico”.
Por su parte, Matías Cox, director ejecutivo de GPM, sostuvo que en la instancia “se acordó una coordinación necesaria para afrontar de manera conjunta los problemas de seguridad que afectan al sector, lo que demuestra la disposición del gobierno y de las empresas en trabajar juntos en beneficio de nuestra industria y la comunidad en general”.
“Esta reunión marca un paso importante hacia una colaboración más estrecha y efectiva en la búsqueda de soluciones para los desafíos de seguridad que enfrentamos como sector”, remarcó.
En tanto, Camilo Charme, gerente general de Generadoras de Chile, detalló que para su gremio “lo primero es condenar cualquier tipo de acción que comprometa la seguridad de los trabajadores y luego de las instalaciones eléctricas que otorgan el servicio público”. Asimismo, planteó su esperanza en que la autoridad “establezca una mesa de trabajo con un claro planteamiento, acción, hitos de control y responsables, con el objetivo de disminuir sustantivamente las actividades delictuales”.
Por su parte, Darío Morales, director ejecutivo de Acesol (Asociación Chilena de Energía Solar), recordó que “en materia de seguridad no hay una bala de plata”, subrayando en que la diversidad del sector requiere de medidas “que se hagan cargo de dicha diversidad”.
Rafael Loyola, director ejecutivo de Apemec (Asociación Chilena de Pequeñas y Medianas Centrales Hidroeléctricas), agregó que la reunión fue “franca” y expresó que “tenemos puestas las esperanzas en la gestión que Interior pueda hacer para mejorar la seguridad en relación a los atentados a las minihidros”.
Fuente: La Tercera
