[vc_row][vc_column][tm_heading style=”thick-separator” tag=”h5″ custom_google_font=”” google_fonts=”font_family:Poppins%3A300%2Cregular%2C500%2C600%2C700|font_style:300%20light%20regular%3A300%3Anormal” text=”Compromisos voluntarios para producir sustentablemente han reducido la huella de Chile” font_size=”lg:32″][vc_column_text]
Desde 2012 hasta 2019 las medidas implementadas a través de los Acuerdos de Producción Limpia han logrado reducir el consumo de agua potable y de electricidad, disminuir las emisiones de CO2, así como reciclar y reutilizar una parte importante de los residuos de las distintas industrias del país. Además, ello se ha traducido en el ahorro de miles de millones de pesos.
Si bien debido a su tamaño Chile es uno de los países que menos aporta a nivel mundial a los gases de efecto invernadero, con solo el 0,25% del total, igualmente necesita mitigar sus emisiones. La tarea no es fácil, y aún queda mucho camino por recorrer, pero hay acciones que llevan años desarrollándose y que ya ostentan resultados concretos.
En 1999 Chile creó una herramienta para desarrollar acciones de mitigación. Se trata de los Acuerdos de Producción Limpia (APL), un tipo de instrumento de gestión ambiental que permite a los sectores productivos y a las empresas comprometerse voluntariamente a desarrollar distintas medidas para volver sus actividades más sustentables y reducir su huella. Reconocidos por al Conferencia de las Partes (COP), estos no solo permiten recortar las emisiones de CO{-2}, o ahorrar agua y electricidad, sino que también son una herramienta para avanzar hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) impulsados por Naciones Unidas. El foco está en cinco de ellos: agua y saneamiento; energía asequible y no contaminante; trabajo decente y crecimiento económico; industria, innovación e infraestructura, y acción por el clima.
‘Este es un modelo de colaboración público-privado único’, dice Giovanni Calderón, director ejecutivo de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, entidad encargada de llevar a cabo los APL. ‘Varios países de Latinoamérica están interesados en el instrumento y algunos lo han importado’, agrega.
Cada sector o industria define qué metas de reducción o mejoras quiere realizar, tras lo cual se hace un llamado a las entidades públicas relacionadas con cada actividad para que ayuden a delinear dichos objetivos. Estos pueden ser tan variados como la instalación de paneles solares para reducir el consumo energético o el reciclaje de los desechos, por ejemplo. Una vez acordados, se hace un levantamiento para saber la línea base con la que se trabajará, se realiza la implementación y, finalmente, se entrega la certificación tras una auditoría externa de los resultados. Luego, y durante dos años, se hace un seguimiento para verificar que se mantenga lo conseguido.
Ahorros ambientales y económicos
Los APL tienen dos grandes ventajas para las empresas, dice Giovanni Calderón. La primera es que son costo eficientes, sobre todo para las pyme. ‘Parte de las acciones que implican el acuerdo son financiadas por la agencia. Pero además, una vez implementadas, permiten ahorrar costos, por ejemplo, a través de la eficiencia energética’, explica.
Es así como entre 2012 y 2019 los acuerdos lograron que distintos sectores productivos redujeran el consumo de agua potable en más 3,5 millones de m{+3}, el equivalente a 1.200 millones de pesos. De ese total, el mayor ahorro lo produjo el APL de la Red Campus Sustentable —que reúne a 27 instituciones de educación superior—, con 1.773.594 m{+3}. Eso equivale a un 5% de disminución del consumo de agua por estudiante, docente y personal de cada institución de educación superior involucrada. En tanto que el acuerdo suscrito por el sector de producción de huevos logró ahorrar 404.170 m{+3} de agua a través del aumento de la eficiencia y la mantención de la infraestructura.
Por otro lado, también entre 2012 y 2019, los APL lograron que se trataran 126.424 toneladas de residuos, equivalente a 997 millones de pesos, que se reciclaran 17.711 toneladas de desechos y se reutilizaran otras 15.670. Estas últimas dos acciones se tradujeron en ahorros para las empresas por cerca de 15 mil millones de pesos. Por otro lado, los APL lograron que se dejaran de emitir 1.466.336 toneladas de CO{-2} y se ahorraran más de dos millones de megawatts de electricidad.
La segunda ventaja que tienen los acuerdos es preparar a las empresas para los cambios normativos. Esta fue una de las razones por las que Chilealimentos hizo su primer APL. El objetivo era hacer las transformaciones necesarias para cumplir con la normativa de descarga de residuos líquidos. ‘Logramos reducir de 57 m{+3} por tonelada producida a 20 m{+3}’, cuenta Carlos Descourvières, gerente de desarrollo y sustentabilidad de la asociación que reúne a empresas de alimentos elaborados.
Hoy, Chilealimentos está en la preparación de su cuarto acuerdo, lo que la convierte en la asociación con más APL hasta ahora. ‘Ha sido un proceso gradual. Partimos con los residuos líquidos, pero después hemos ido incorporando otros temas como la sustentabilidad, la huella de carbono o la eficiencia de las instalaciones’, dice Carlos Descourvières. Parte de los objetivos del acuerdo en el que están trabajando ahora es llevar estas medidas hasta sus proveedores agrícolas, pero también lograr reducir en 5% el consumo de energía y agua, respectivamente.
Vinculación con la sociedad
La Red Campus Sustentable está elaborando su segundo APL. El primero, iniciado en 2012, permitió formalizar el trabajo que las 22 instituciones de educación superior participantes estaban realizando con la sustentabilidad. Además del ahorro de agua mencionado anteriormente, las medidas implementadas permitieron disminuir en 5% las emisiones de CO{-2} y lograr reciclar 230 toneladas de residuos sólidos. También posibilitaron el aumento de los cursos relacionados con sustentabilidad que imparten las casas de estudio, tanto optativos como obligatorios. ‘El objetivo fue trabajar transversalmente el tema’, cuenta Francisca Sandoval, directora ejecutiva de la red. Por ello se llevaron acciones que permitían reducir la huella de los campus, pero también se trabajó en la formación de los estudiantes.
Otro de los logros de ese primer APL fue la creación de una herramienta para facilitar la transición hacia la sustentabilidad de las instituciones de educación. Esta permite establecer una hoja de ruta para el proceso y evaluar el desempeño del mismo, entre otros aspectos. El segundo acuerdo de la red no solo estará basado en esta herramienta, sino además tendrá metas más amplias. ‘Uno de los objetivos será la responsabilidad social. La educación debe llevar al desarrollo sustentable y ello también implica la vinculación con la sociedad’, dice Francisca Sandoval.
En 2014 el Centro de Envases y Embalajes de Chile (Cenem) comenzó el trabajo con su primer acuerdo. ‘El APL nos ayudó a incluir la gestión ambiental en los procesos productivos de toda la cadena de valor’, cuenta Mariana Soto, gerente general de Cenem. Esto era necesario, agrega, no solo por auge que estaba teniendo el tema medioambiental en ese momento, sino también porque la industria necesitaba preparase para la ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP).
Entre las cosas que se implementaron estuvo un proyecto piloto con 300 casas en Providencia para estudiar el comportamiento de las personas con el reciclaje, pero también para entender las complejidades de la recolección de desechos, entre otros. La iniciativa fue muy exitosa, cuenta Soto, y los datos fueron utilizados por el Ministerio de Medio Ambiente como base para la elaboración de la REP.
Actualmente el Cenem está elaborando un nuevo acuerdo que debería comenzar a funcionar a fines de año. Este tendrá cinco líneas de trabajo entre las que se encuentra un nuevo piloto, esta vez para la gestión de residuos industriales, y el impacto ambiental del ciclo de vida completo de los envases. ‘Muchos de nuestros productos se exportan por lo que tienen que cumplir las normativas de otros países’, explica. Por ello es necesario subir los estándares.
Otra de las líneas en la que se trabajará es en la identificación y medición del porcentaje de material reciclado en los envases y embalajes. ‘El objetivo es transparentar esa información e incorporarla en la rotulación’, dice.
Fuente: El Mercurio[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][tm_spacer size=”lg:30″][/vc_column][/vc_row]
