Por: Ana Lía Rojas, Directora Ejecutiva de ACERA
Un proyecto que pone en riesgo el proceso de transición energética
La estabilización de precios -conocida en el sector eléctrico como PEC1, de noviembre de 2019- fracasó porque sus supuestos de comportamiento de precio de dólar y precios de combustibles no se cumplieron: el tope de la deuda que se generó en contra de los generadores con contrato con distribuidoras se cumplió 16 meses antes que el plazo previsto en la ley. Actualmente se deben USD 1.350 millones a los generadores, que, producto del contrato asociado a las licitaciones a clientes regulados, éstos no pudieron cobrar. Ahora, esa deuda pretende traspasarse como nueva deuda a un segundo mecanismo, con base a los mismos supuestos que no ocurrieron.
La segunda estabilización pretende, bajo el mismo error de supuestos, seguir extendiendo la imposibilidad de cobro a los generadores para pagarles con bajas futuras de precio que no van a suceder con certeza, dado el escenario volátil de precios internacionales y tipo de cambio. Las simulaciones que hemos realizado en ACERA, con distintos valores de tipo de cambio y tasa de costo financiero, muestran que es muy probable que el monto de saldos semestrales supere los 1.600 MM USD definidos en el proyecto. Lo anterior implicaría un aumento en las tarifas, algo que los gobiernos intentarán siempre evitar, comprometiendo la estabilidad regulatoria, ya que mediante el proyecto no sólo se afecta a los contratos en curso, sino que se vuelve impredecible el riesgo de deuda que este mecanismo generará a futuro a los agentes del mercado que mantengan contratos más allá de 2027.
El Ministro de Hacienda, Mario Marcel, señaló en la sesión del 29 de junio de la Comisión de Minería y Energía del Senado, que las cuentas eléctricas eran predecibles a futuro, por lo que no requerían un mecanismo de estabilización como la bencina. Nada más alejado de la realidad, ya que si bien las tarifas de los contratos son predecibles porque están calculadas en dólares, las tarifas eléctricas reales, las que pagan las familias chilenas, son en PESOS, por lo que se ven impactadas por las variaciones del valor del dólar y de los precios internacionales de los combustibles, ergo también están sujetas a los shock de precios (como en el caso de las bencinas). De ser cierta la afirmación del Ministro, en primer lugar, no estaría ocurriendo esta discusión.
Para la industria renovable, el proyecto de ley resulta inviable (al igual que el de 2019) y pone en riesgo el proceso de transición energética: genera una deuda que se cargará a unos pocos generadores renovables pequeños y medianos, que asumirían un riesgo más allá de la energía que venden a las distribuidoras, lo que afectará el cumplimiento de sus compromisos. Asimismo, los cálculos, proyecciones y límites que presentó el Ejecutivo ya han sido superados por el precio del dólar, lo que nos hace prever que este segundo mecanismo también fracasará.
La pregunta cae de cajón: ¿Cuál es el rol del Estado en lo que se refiere a amortiguar las presiones inflacionarias para las familias chilenas como parte de su política pública? Y la pregunta más preocupante: ¿Por qué un Gobierno ecologista subsidia tan fuertemente los combustibles fósiles? en ocasión de la inyección al MEPCO de 1.500 millones de dólares, que duplicó el fondo que permite la estabilización de precios de los combustibles y no es capaz de proveer un fondo similar para el consumo eléctrico que supuestamente debemos incentivar como parte de los pilares de la transición energética? ¿Por qué las empresas renovables que ofertaron los precios de energía más bajos de la historia a partir de 2015, tienen que soportar el gravamen de no poder recibir el precio que obtuvieron en licitaciones? Desde 2019, con la primera estabilización de tarifas, los generadores con contratos ya aportaron y asumieron todo el costo financiero de la deuda, cerca de USD 400 millones. En el esquema inicial, el capital de USD 1.350 millones debiese ser pagado por los clientes regulados entre 2025 y 2027, pero este proyecto de ley lo convierte en deuda nuevamente para generadores y posterga el pago a cargo de los clientes regulados. La segunda estabilización que se discute ahora –y sólo después de las alertas y llamados del Congreso y Senado- contemplan una participación mínima del Estado de 20 millones de USD, cuyo aporte es facultativo (por como se redacta el PdL), por lo que no hay obligación de realizarlo y por “hasta” USD 20 millones” (podría ser menos), lo que es una cifra ínfima para enfrentar un alza de 40% de la tarifa eléctrica.
Así, los problemas que tenemos que resolver, y sobre los cuales el proyecto no se hace cargo, son: La tarifa eléctrica para nuestros hogares y pymes está sujeta a las variaciones del dólar, el precio internacional de los combustibles y futuras exigencias que demande el proceso de transición energética (más transmisión, mejorar las redes de distribución, entre otros). Se requiere, por tanto, un mecanismo permanente de estabilización.
Este mecanismo de estabilización de cuentas eléctricas (MEPCT), con efecto fiscal neutro en el largo plazo, debe funcionar con la misma lógica que funciona el MEPCO. En caso de que semestralmente el Gobierno decida que se traspase un cargo menor por concepto de energía a todos los clientes o un grupo de ellos (decisión política), el Estado asumirá la diferencia entre lo cobrado y lo que se debía pagar a los suministradores. Al semestre siguiente o cuando las tarifas de energía disminuyan y se produzcan las condiciones para reflejar el precio real a los clientes regulados (decisión política), el Estado establecerá un cargo adicional a los clientes regulados, así el Fisco de Chile queda neutro en el largo plazo. Este es un mecanismo permanente, por lo que permitirá enfrentar futuras coyunturas.
En segundo lugar, reconocer en las tarifas eléctricas que la pobreza energética es real, y que se ha estudiado pero no se ha reconocido. En este sentido, se requiere un subsidio estatal, focalizado, para clientes vulnerables, con el mismo monto y beneficiarios que tiene el subsidio del agua potable SAP: USD110 millones/año y 800.000 familias beneficiadas con un descuento entre 20% a 80% de su cuenta eléctrica.
Por último, y para subsanar la deuda de la primera estabilización, los 1.350 millones USD, el Estado debería asumir esa deuda y restituirla, sin cargo a los consumidores, a los generadores. El Estado de Chile debiese asumir el pago de la deuda en 2027, por lo que tiene tiempo suficiente para generar la provisión de estos fondos en el erario nacional.
