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Gobierno y empresas han emitido bonos verdes por casi US$ 3.000 millones en el último año. En tanto, las primas pagadas en seguros agrícolas para enfrentar anomalías del clima aumentaron 168% en una década.

El cambio climático se ha tomado la agenda en las últimas semanas y a nadie ha dejado indiferente. Los efectos de la sequía, que tiene a cuatro regiones con emergencia hídrica por la falta de lluvias, principalmente en la zona central del país, tiene preocupadas a las autoridades políticas y económicas. ‘El cambio climático dejó de ser un asunto solo medioambiental, es también un problema financiero’, advirtió el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, hace unas semanas en el lanzamiento de la Coalición de Ministros de Finanzas para la Acción Climática, en la cual actúa como líder junto a su par finlandés.

El impacto económico del cambio climático a nivel global ha sido estudiado por la comunidad internacional. Según un estudio de la OCDE realizado en 2015, las pérdidas económicas por desastres climatológicos, meteorológicos e hidrológicos han aumentado desde US$ 20.000 millones en 1980 hasta los US$ 250.000 millones en la actualidad. Un documento elaborado por la Cepal a comienzos de esta década proyecta que el alza de las temperaturas promedio y la reducción de las precipitaciones en nuestro país harán disminuir la disponibilidad de agua para la agricultura, la generación eléctrica y el consumo humano. En términos agregados, Chile podría perder en promedio anualmente 1,1% del PIB hasta el año 2100, concluye el informe.

Ante este escenario complejo, cobra relevancia la organización en Santiago de la COP25 (Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático), instancia anual donde se analizan los avances de la convención marco de Naciones Unidas para el cambio climático, que entró en rigor en 1994.

En versiones anteriores de estas reuniones ya se han acordado una serie de políticas tendientes a enfrentar los nefastos efectos del cambio climático, creando un verdadero mercado paralelo de productos económicos en torno al cambio climático, como la emisión de bonos verdes, la venta de acciones de carbono y la realización de auditorías ambientales en empresas contaminantes.

José Eduardo Sanhueza es el único chileno que ha participado en las 24 versiones anteriores de la COP y actualmente es asesor de la presidencia de la COP25. También se desempeña como director ejecutivo de la consultora Cambio Climático y Desarrollo (CC&D), dedicada al asesoramiento de empresas privadas para enfrentar los desafíos del cambio climático. ‘La solución del problema significa transitar de una economía mundial basada en combustibles fósiles a una basada en energías renovables que implican cambios tecnológicos brutales’, explica.

Para Sanhueza esta conversión es compleja y plantea una serie de desafíos, pero también de oportunidades. ‘Tras la COP21, en París, el sistema financiero internacional anunció que se iba a poner con la plata. Es decir, que iban a movilizar el foco del sistema internacional de finanzas desde los combustibles fósiles a las energías renovables. (…) El mundo industrializado está tremendamente interesado de que el mundo en vías de desarrollo participe activamente en esta transformación tecnológica. Ellos necesitan reducir los costos de la transición, y para eso necesitan que la demanda por las nuevas tecnologías aumente por parte de países en desarrollo, como la India, China, Brasil, y otros mercados pequeños como nosotros’.

Las herramientas

Una de las herramientas para enfrentar este desafío son los bonos de carbono. Estos son adquiridos por empresas contaminantes que buscan mitigar los efectos de sus emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. ‘Fueron muy efectivos, y Chile los aprovechó activamente en el pasado’, añade Sanhueza.

Pero ahora hay más instrumentos cobrando relevancia mundial como los bonos verdes, que están orientados a aportar recursos vía deuda -aportados por inversores a las empresas o países- para desarrollar proyectos amigables con el medio ambiente. ‘Chile está empezando a explorar. El Ministerio de Hacienda lanzó una línea (de bonos verdes), pero hay países que están mucho más desarrollados, y esa es una línea que va a venir con mucha actividad’, dice el experto.

Este año, la cartera dirigida por Felipe Larraín emitió dos bonos verdes soberanos por US$ 1.418 millones y 861 millones de euros, respectivamente, transformándose en el primer país de la región en emitir estos instrumentos financieros. La intensión de esta emisión es destinar un monto igual a los recursos obtenidos -alrededor de US$ 2.500 millones- en proyectos como la construcción de la Línea 7 y las extensiones de la Línea 2 y 3 del Metro de Santiago, y la compra de nuevos buses eléctricos para la red de transporte de la capital, entre otros.

‘Como instrumento de los mercados de capitales, los bonos verdes buscan dar respuesta a una creciente demanda de inversionistas que buscan obtener un retorno financiero y, a la vez, proveer recursos hacia finalidades ambientales, tales como enfrentar los efectos del cambio climático’, explica el socio de la firma de abogados Morales & Besa, Guillermo Morales, que asesoró a Hacienda en el proceso.

La emisión de bonos verdes también ha sido una práctica iniciada por las empresas privadas. Chile no se ha quedado atrás, y la Bolsa de Santiago desarrolló un mercado de bonos verdes y sociales ‘inédito’ en Latinoamérica, según destaca su gerente general, José Antonio Martínez.

‘Esta iniciativa responde a una creciente necesidad del mercado, en que los inversionistas evalúan a las empresas por factores que van más allá de sus rendimientos o resultados. En concreto, otorga una nueva forma de financiamiento, permitiendo a empresas financiar o refinanciar en la bolsa proyectos que posean un impacto positivo a nivel medioambiental o en un determinado grupo de la población, o una combinación de ambos’, añade el ejecutivo.

Desde la puesta en marcha de esta iniciativa, el año pasado se han concretado ocho operaciones en este mercado, sumando un total de US$ 560 millones. Solo en 2019, cinco empresas han emitido bonos verdes y sociales, sumando un total de US$ 366 millones. Este año, las colocaciones correspondieron a las empresas Esval, Aguas Andinas, Hortifrut, Caja Los Héroes y CMPC.

Los bonos emitidos han sido adquiridos por inversionistas institucionales, ‘lo que demuestra que hay interés por apoyar este tipo de inversiones’, agrega Martínez.

Sin ir más lejos, el Banco de Chile anunció el viernes la emisión en Hong Kong de su primer bono verde, por US$ 48 millones. La operación tiene como objetivo ‘refinanciar una serie de proyectos sustentables de energía renovables ubicados en distintas regiones del país’, señaló la entidad.

De acuerdo a la información publicada por Climate Bonds Initiative -una de las entidades certificadoras de este tipo de instrumentos-, la emisión de bonos verdes del año 2018 ascendió a los US$ 168.500 millones a nivel global. Durante este año ya se han emitido US$ 187.200 millones, y se proyecta que a fines de año la suma ascienda a los US$ 250.000 millones.

A estos instrumentos, también se suma una floreciente área de servicios conforme los países van aumentando sus regulaciones, como son las auditorías ambientales. José Eduardo Sanhueza cita el caso de la creación de un ‘impuesto verde’ a las fuentes fijas contaminantes que se instaló en la última reforma tributaria en el gobierno de Michelle Bachelet. ‘Para cobrar el impuesto, Chile tuvo que crear un sistema de monitoreo y verificación de emisiones. Eso creó la necesidad de un montón de servicios que requieren las empresas para demostrar si es aplicable el impuesto y cuánto tienen que pagar’, añade.

Fuente: El Mercurio