Asimismo, el gremio advirtió que el problema de deuda con las generadoras que han sostenido la estabilización de las tarifas eléctricas del país se cuantifica en un significativo 5% del PIB.
En medio de tensas semanas por la demora en la presentación del proyecto de ley de normalización de tarifas eléctricas, la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (Acera), mediante la representación de miembros del directorio recientemente electo y empresas como Grupo Cerro y Engie, se reunieron este jueves con el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Marco Mancilla, por la implementación de la Ley de estabilización de tarifas eléctricas y al atraso en el acceso al cobro de los documentos de pagos comprometidos en dicha ley.
Según se consignó en un comunicado de Acera, en la cita, la directora ejecutiva del gremio, Ana Lía Rojas, expuso sobre la preocupación de la industria de la generación renovable por los retrasos en la publicación de informes técnicos de precios de nudo de enero y junio de 2023, y de la probable demora en la publicación del PNP de enero del 2024, lo que fue catalogado por la líder gremial como un riesgo para las empresas de generación que están empujando la transición de la matriz eléctrica nacional.
En este sentido, apuntó a la necesidad urgente de tramitar con celeridad el proyecto de ley que el Ejecutivo impulsa en el Congreso Nacional, para sincerar y normalizar las tarifas eléctricas, incluyendo el subsidio a tarifas de clientes vulnerables, pero que dicha tramitación no podía condicionar la publicación de los decretos pendientes.
En el comunicado se añade que, según las empresas de generación afectadas, los proyectos desarrollados a través de project finance, especialmente aquellos basados en energías renovables limpias, así como las entidades relacionadas al financiamiento de estos proyectos como bancos y proveedores, están sensiblemente afectadas por el retraso de estos decretos, ya que esto ha impedido el acceso a los recursos para restituir el cobro de una tarifa normal, comprometidos en agosto de 2022, cuando dicha ley se aprobó. Hoy -se advierte- el problema de deuda con las generadoras que han sostenido la estabilización de las tarifas eléctricas del país se cuantifica en un significativo 5% del PIB.
Riesgos adicionales
Rojas enfatizó a la autoridad sobre dos riesgos adicionales identificados por Acera. Se indica que, el primero, al momento de agotarse el fondo de los US$ 1.800 millones considerados expresamente por la ley, cuestión que podría suceder en los siguientes uno a dos meses, puede implicar la imposibilidad de emisión de más documentos de pago contemplados en el mecanismo y como consecuencia, desaparecer la certeza de cómo van a ser restituidos esos fondos a las generadoras fuera del límite considerado en la ley MPC.
El segundo dice relación con los ajustes de cobros para empresas en el segmento de netbilling acogidos a financiamientos tipo ESCO (energy saving company) cuyo modelo de financiamiento para instalaciones de autoconsumo de hasta 300 kw, están sujetas a reajustes asociados a las tarifas reguladas. Según se señaló, si bien la cifra de afectación es menor en relación al monto adeudado a las grandes generadoras, “pone en riesgo la salud financiera de un segmento que no logra consolidarse en Chile, complejizando su desarrollo y otros futuros desarrollos en este segmento”.
De acuerdo al escrito, el presidente de Acera, Sergio del Campo, cerró la reunión agradeciendo la disposición de las autoridades a continuar el diálogo con el gremio, comprometiéndose a colaborar en la tramitación del proyecto de ley de normalización de tarifas, pero insistiendo en la necesidad de emitir prontamente los informes pendientes de precio de nudo pendientes.
Pronta emisión de informes
De acuerdo al gremio, Mancilla reconoció problemas en la implementación de la ley, señalando que “aunque se comenzó de inmediato con la elaboración del reglamento y los informes técnicos”, dicha implementación se vio ralentizada por las interpretaciones que fueron necesarias de dar a la ley, ejemplificando con la aplicación del IVA o de cómo imputar en el fondo de US$ 1.800 millones los intereses devengados.
También -dijeron- se refirió a las dificultades en términos de recursos humanos y tareas en paralelo que se deben enfrentar al interior de la propia Comisión, lo que complica el cumplimiento de los plazos asociados a la publicación de estos decretos. Se añadió que la máxima autoridad regulatoria fue categórica al comprometer a Acera que “están avanzando con los informes de enero y julio de 2023 para su pronta emisión”.
Cabe recordar que, en agosto de 2023, se emitió un informe preliminar del PNP de enero de 2023, reflejando un aumento en las tarifas de energía eléctrica de 8% para los clientes regulados de bajo consumo y un incremento de 49% para clientes regulados de mayor consumo, alzas que se deberían concretar apenas publicados los decretos de precios de nudo.
Ante esto, el ejecutivo respondió con la iniciativa de incorporar modificaciones legales para sincerar el costo de la energía, proponiendo focalizar subsidios en segmentos de consumidores vulnerables para contener las alzas asociadas, pero poniendo término a los mecanismos de estabilización heredados de la administración de gobierno pasada, y con el objetivo de restituir la certeza jurídica de los contratos de energía que las generadoras firmaron para la venta de su energía en los procesos de suministro a clientes regulados.
