ACERA A.G., mediante la representación de miembros del directorio recientemente electo y empresas de generación emblemáticas para la transición energética de Chile como Grupo Cerro y Engie, sostuvieron una importante reunión con el organismo regulador con el fin de manifestar directamente a la autoridad, las preocupaciones de la industria renovable y de almacenamiento que el gremio representa, en relación a la implementación de la Ley de estabilización de tarifas eléctricas y al atraso en el acceso al cobro de los documentos de pagos comprometidos en dicha ley.
Durante el encuentro, los máximos representantes del gremio de las energías renovables y almacenamiento, Ana Lía Rojas, Directora Ejecutiva y Sergio del Campo, Presidente de esta asociación, expresaron su intención y posición constructiva, haciendo énfasis en la importancia de un trabajo colaborativo con la Autoridad para lograr la independencia energética del país mediante fuentes 100% renovables. Además, relevaron las inversiones en infraestructura de generación eléctrica ERNC realizadas desde las licitaciones de 2014 en adelante, las cuales además han incrementado la competencia del sector y reducido los precios para los clientes finales, práctica que debe ser resguardada.
En lo medular, Rojas expuso sobre la preocupación de la industria de la generación renovable por los retrasos en la publicación de informes técnicos de precios de nudo de enero y junio de 2023, y de la probable demora en la publicación del PNP de enero del 2024, lo que fue catalogado por la líder gremial como un riesgo para las empresas de generación que están empujando la transición de la matriz eléctrica nacional. En este sentido, apuntó a la necesidad urgente de tramitar con celeridad el proyecto de ley que el Ejecutivo impulsa en el Congreso Nacional, para sincerar y normalizar las tarifas eléctricas, incluyendo el subsidio a tarifas de clientes vulnerables, pero que dicha tramitación no podía condicionar la publicación de los decretos pendientes.
Por su parte, el Secretario Ejecutivo de la CNE, Marco Mancilla, manifestó la disposición del organismo para colaborar en la confección de políticas públicas y cumplir con el rol que la ley le asigna en el sentido de apoyar al Poder Ejecutivo en estos diseños. Respecto a las inquietudes planteadas por el gremio, reconoció problemas en la implementación de la ley, señalando que “aunque se comenzó de inmediato con la elaboración del reglamento y los informes técnicos”, dicha implementación se vio ralentizada por las interpretaciones que fueron necesarias de dar a la ley, ejemplificando con la aplicación del IVA o de cómo imputar en el fondo de 1.800 millones de dólares los intereses devengados. También se refirió a las dificultades en términos de recursos humanos y tareas en paralelo que se deben enfrentar al interior de la propia Comisión, lo que complica el cumplimiento de los plazos asociados a la publicación de estos decretos.
La máxima autoridad regulatoria sin embargo fue categórico al comprometer a ACERA que “están avanzando con los informes de enero y julio de 2023 para su pronta emisión”.
Cabe recordar que, en agosto de 2023, se emitió un informe preliminar del PNP de enero de 2023, reflejando un aumento en las tarifas de energía eléctrica de 8% para los clientes regulados de bajo consumo y un incremento de 49% para clientes regulados de mayor consumo, alzas que se deberían concretar apenas publicados los decretos de precios de nudo. Esto generó preocupación en diversos agentes del mercado eléctrico, así como representantes de consumidores y parlamentarios de todos los sectores.
Ante esto, el ejecutivo respondió con la iniciativa de incorporar modificaciones legales para sincerar el costo de la energía, proponiendo focalizar subsidios en segmentos de consumidores vulnerables para contener las alzas asociadas, pero poniendo término a los mecanismos de estabilización heredados de la administración de gobierno pasada, y con el objetivo de restituir la certeza jurídica de los contratos de energía que las generadoras firmaron para la venta de su energía en los procesos de suministro a clientes regulados.
Según las empresas de generación afectadas, los proyectos desarrollados a través de project finance, especialmente aquellos basados en energías renovables limpias, así como las entidades relacionadas al financiamiento de estos proyectos como bancos y proveedores, están sensiblemente afectadas por el retraso de estos decretos, ya que esto ha impedido el acceso a los recursos para restituir el cobro de una tarifa normal, comprometidos en agosto de 2022, cuando dicha ley se aprobó. Hoy el problema de deuda con las generadoras que han sostenido la estabilización de las tarifas eléctricas del país, se cuantifica en un significativo 5% del PIB.
Rojas enfatizó a la autoridad sobre dos riesgos adicionales identificados por ACERA. El primero, al momento de agotarse el fondo de los 1.800 millones de dólares considerados expresamente por la ley, cuestión que podría suceder en los siguientes uno a dos meses, puede implicar la imposibilidad de emisión de más documentos de pago contemplados en el mecanismo y como consecuencia, desaparecer la certeza de cómo van a ser restituidos esos fondos a las generadoras fuera del límite considerado en la ley MPC.
El segundo dice relación con los ajustes de cobros para empresas en el segmentos de netbilling acogidos a financiamientos tipo ESCO (energy saving company) cuyo modelo de financiamiento para instalaciones de autoconsumo de hasta 300 kw, están sujetas a reajustes asociados a las tarifas reguladas. Si bien la cifra de afectación es menor en relación al monto adeudado a las grandes generadoras, pone en riesgo la salud financiera de un segmento que no logra consolidarse en Chile, complejizando su desarrollo y otros futuros desarrollos en este segmento.
En este contexto, la Directora Ejecutiva de ACERA destacó la urgencia de comunicar adecuadamente el verdadero valor de la energía a los consumidores, materia que ocupará la agenda del Ejecutivo en 2024. El Presidente de ACERA, Sergio del Campo, cerró la reunión agradeciendo la disposición de las autoridades a continuar el diálogo con el gremio de las energías renovables y almacenamiento, comprometiéndose a colaborar en la tramitación del proyecto de ley de normalización de tarifas pero insistiendo en la necesidad de emitir prontamente los informes pendientes de precio de nudo pendientes.
Fuente: Solarnews
